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La Justicia es gratuita. Opinar de ella, también.

Ayer, como al final de cada mes, acudí a las máquinas del Metro a sacar mi cupón mensual. Por supuesto, por el precio estipulado, la máquina me dio el cupón. Pero la reacción tan normal como inútil del ciudadano medio que no lo recibiera sería la de blasfemar al tiempo que, de una patada o un manotazo, golpease las zonas de la máquina que considerase oportunas para obtener el ansiado y valioso pedazo de cartón. La máquina habría cometido una injusticia, a nuestro irritado juicio, pero siendo una máquina, todo se queda en el plano del error.
Este sencillo razonamiento, de párvulos, explica el motivo por el que hay un cristal en el medio cuando quien se equivoca es un empleado de Metro en la taquilla. Pero aquí, alguien con cabeza diría que el trabajador se ha equivocado antes de llamarle cualquier cosa o golpear el cristal inútilmente. El problema es que no todo el mundo actúa con cabeza.

Añadamos ahora un juicio de valor, una opinión de lo más personal. Yo considero injustas las tarifas, me parecen caras para el servicio que me prestan. Si espero que tanto la máquina como el empleado me den la razón y me cobren menos, puedo esperar sentado. Y más aún si cometo la irracionalidad de emprenderla a golpes y/o gritos. Si me cobran lo estipulado, habrán actuado conforme a las normas, aunque no me guste. Pero la culpa no será nunca de ellos y pensarlo así supondría un ataque a los honrados trabajadores del Metro.

Pues bien… el tercer supuesto es parecido al primero. Supongamos que por un bono que cuesta 10 euros el taquillero me cobra 12 y, sin mayor disimulo, de los 12 se mete una moneda de 2 en su bolsillo y procede a ingresar en caja los justos 10 euros del bono. Ahí surge la prevaricación, la injusticia de verdad, y sí podremos decir que no hay ni Derecho ni derecho.

Ahora imaginemos que esto no es el Metro de Madrid, sino el Poder Judicial. Todo un Poder regulado en la Constitución, sobre el que se asienta una de las patas de nuestro sistema. Podemos entrar a discutir (esto da para otro artículo otro día) que los juzgados son pocos, que los medios son escasos, que la tasa de pendencia es elevada… que el Metro es lento, pero no será culpa del conductor del tren.

Pero no podemos discutir el Poder Judicial mismo. Confundir el Poder Judicial con el estado de la Administración de Justicia, perdónenme, pero es bien propio de esos tertulianos de las cadenas de radio de la derecha y de la extrema derecha, a la par que es un recurso facilón de esas mismas ideas políticas, que pretenden calentar al ciudadano medio para arañar una crítica al sistema constitucional que no logran arrancar (o bien se callan) del Legislativo o del Ejecutivo.

Alguna vez nos habrá tocado escuchar las sandeces de que la Justicia funciona así o asá, que a Mengano le soltarán enseguida por ser quien es, que tarda mucho en ser juzgado, que ahora es cuando le juzgan y no antes, que la fianza es mucha o poca, etc. A la vez, nos sacarán el anecdotario según el cual Fulano fue absuelto cuando todos sabíamos que había matado con sus propias manos a dos niños pequeños y que, en cambio, Zutano dio con sus huesos en la cárcel por ladrón cuando era, a nuestro juicio, de una honradez probada. Eso es lo que, sencillamente, aparece en prensa, y de lo que, en muchos casos, se hace opinión de barra de bar, como se puede hacer sobre el fuera de juego del partido del domingo. Y lo primero que se lía aquí es confundir el valor Justicia con el Poder Judicial. Hablamos de tres casos, de cuatro. En este país, en el año 2009, más de 9,5 millones de casos se iniciaron en nuestros tribunales, de los que un 70% entraron en el Orden Penal. Así que resulta facilón que a los juristas se les critique por tres gotas en un estanque de 9 millones anuales.

Así que sólo hay que exigir un mínimo de rigor cuando se hable de Justicia, por un lado, de Poder Judicial, por otro, y de Derecho, por un tercero, si es que se saben distinguir. Vamos a cada uno de estos tres lados.

Justicia. Seamos serios: la Justicia es un valor palpable, perfectamente palpable, como la Libertad, como el pluralismo político, no son conceptos, ni mucho menos conceptos etéreos. Son valores. Poner en duda su existencia es poner en duda las bases en las que nos movemos desde que nos dotamos de una Constitución. ¿Alguien que se considera progresista puede negar que en nuestro país no impera la Justicia, que no exista, que todo sea algo caótico y arbitrario?

Poder Judicial. Pero el Poder Judicial tampoco es algo que se pueda atacar gratis. Los jueces son personas que encarnan un poder del Estado. De ahí, por ejemplo, que no puedan realizar huelgas. Pero son personas. Y sí, pueden fallar. Que la justicia sea infalible es algo que se superó con la supresión del Tribunal de la Inquisición. Porque las resoluciones no se dictan en nombre de un dios, sino como expresión de la aplicación de las leyes de las que nos dotamos mediante la razón. Y no, los jueces no son nuestra máquina del Metro. Por eso, precisamente, se establece un sistema de recursos que en algunos órdenes, como el Penal, se sostienen por leyes que sí, son del siglo XIX, pero aún resultan respondonas cuando alguien les trata de buscar las cosquillas en el plano de la “injusticia”.

Los jueces cometen errores, y nuestras leyes prevén que, si no han puesto la debida diligencia, paguen por ello, con su puesto y con su patrimonio e incluso, en el caso de que lo hicieran aposta, con la cárcel. Pero no podemos, si es que seguimos creyendo en lo racional, considerar error lo que es una opinión, una manera válida, como lo pueda ser otra, de interpretar las leyes. Cuando un tribunal superior contradice al inferior no es para sacar colores. Primero porque, por suerte, la independencia judicial supone una garantía de los órganos inferiores frente a los superiores. Segundo porque el órgano inferior puede haber fundamentado perfectamente su decisión. Los recursos suponen una garantía para los ciudadanos de que sus litigios serán vistos por diferentes personas, situadas unas sobre otras por una cuestión de mérito y capacidad, pero ello no siempre hace que la decisión del inferior sea mala sino, simplemente, diferente.

Las sentencias del órgano superior pueden adoptar decisiones completamente contrarias a las del inferior. ¿Supone esto que el órgano inferior deba ser castigado por ello? No, si su decisión se basó en el Derecho. Diferente sería que hubiera cometido una arbitrariedad, es decir, una prevaricación.

Y hemos mencionado la palabra final: Derecho. El Derecho no es una ciencia exacta. La interpretación de una norma puede dar lugar a soluciones diferentes, sin mover una coma. Es a la interpretación de las normas a lo que se dedica el mayor porcentaje de tiempo en el estudio de la carrera de Derecho. Quien piense que se dedica a la memorización acrítica de los artículos del Código de Comercio se ha equivocado.

Y en materias tan sensibles como el Derecho Penal unos mismos hechos pueden interpretarse conforme a una norma A o conforme a una norma B y dar soluciones completamente dispares. E incluso pueden darse soluciones dispares aplicando la misma norma a los hechos, según la familia teórica a la que uno pertenezca. La interpretación no es, ni mucho menos, una chorrada.

Así explicamos que personas condenadas por un asesinato con agravantes queden absueltas al recurrir o personas que eran condenadas a 30 años de prisión pasen a resarcir los daños con una multa de 3000 euros. Y en esta disparidad de decisiones está la interpretación de las normas en muchos casos, y no hay que mirar, como hace el tertuliano facilón para alarmar a la sociedad a supuestos oscuros de tener mejor o peor defensa o ser uno primo de quien es. ¿Se acuerdan de De Juana Chaos? ¿Podemos mencionar las doctrinas “Isabel Pantoja” o “Ramón Mendoza”? Doctrinas significa que lo que era una opinión pasa, por mediación de una sentencia, a ser una práctica de un juez superior que se sigue por los inferiores, pero nada asegura que esa práctica, esa opinión, cambie con el tiempo.

Dentro del campo de las opiniones que se emiten en forma de sentencia, podemos agradecer que nuestro sistema judicial no tiene un nivel palpable de politización. Aquí no se confunden los poderes del Estado. Aunque afirmar lo contrario siempre se ha dado más desde los escaños de la derecha cuando gobierna la izquierda. Precisamente, las garantías ofrecidas por los diferentes recursos aminoran la tentación, en el Poder Judicial, de politizar una decisión. Afirmar lo contrario es un terreno tan pantanoso como accesible de cara a sembrar la desconfianza entre la ciudadanía.

¿Es lo normal que un órgano superior contradiga al inferior? Nuestro sistema emite sentencias con una buena salud, mejorable, pero razonablemente buena. Sentencias garantizadas por la visión de varios órganos y por la profesionalidad de quienes las emiten. Por aportar otro dato, porque para opinar hay que documentarse un poco, en nuestro país se dictaron en 2009 más de más de 1,6 millones de sentencias, de las que 727.000 se dieron en el Orden Penal. En esta misma Jurisdicción, las sentencias recurridas en apelación fueron confirmadas totalmente en un 75,8% de los casos, en tanto que las sentencias recurridas en casación fueron confirmadas totalmente en un 86,4% de los casos. El resto de los porcentajes son de confirmaciones parciales (entre un 9 y un 12% según el órgano) y las anulaciones oscilan entre el 0,4% y el 2,1%.

Así pues, no existe problema en que se tengan diferentes visiones a la hora de interpretar las normas, si bien lo normal es que se impongan visiones parecidas en 9 de cada 10 casos. Pero siempre nos vamos al ejemplo fácil porque se opina sin tener la más mínima idea.

Dejemos de sembrar dudas porque en un determinado caso no nos guste la solución dada. Atacar al Poder Judicial es atacar al Estado, a lo público.

En 99 de cada 100 casos, los empleados de Metro no se equivocan con el cambio. Y si se equivocan, no suelen hacerlo a conciencia.

La opinión, como la Justicia, es gratuita.

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